Hace 8 años definí cambiar mi trabajo en gobierno por el trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). A decir verdad, mi trabajo mayoritariamente ha estado ligado a este sector desde que egresé de la facultad. No obstante, en una de mis primeras interacciones con las OSC fue cuando colaboré en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) el cual, hace un poco más de seis años, tenía un programa llamado el Programa de Coinversión Social (PCS). En este programa se fortalecía a las organizaciones con programas de profesionalización y capacitación, pero también, a través de diferentes convocatorias en las que las OSC presentaban proyectos, con recursos económicos. Algunos de estos proyectos estaban destinados a aminorar las brechas de desigualdad de género, reconocer la aportación de cuidados de las mujeres, fomentar espacios de participación para las personas que viven con algún tipo de discapacidad, fomentar acciones para la mejora de la cultura en las comunidades, entre muchos otros tipos de iniciativas.
El Indesol no fue la única instancia que ofrecía recursos económicos, ya que diversas instituciones mantenían este tipo de iniciativas bajo el amparo de la Ley Federal de Fomento las Actividades Realizadas por las Organizaciones Sociedad Civil, la cual todavía está en vigor y tiene el objetivo de:
“Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias…” (Art. 1 Fracción V)
En abril de este año se realizó su más reciente modificación que incluye el fomento con organizaciones dedicadas a la defensa de pueblos indígenas y Afrodescendientes. Aunque, a decir verdad, desde hace varias décadas este trabajo se venía haciendo desde varios de los programas que existían.
Durante el sexenio pasado los apoyos económicos a las OSC se eliminaron de tajo a través de la famosa (entre las personas que colaboramos entre la sociedad civil) circular uno. El entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decretó que:
“…hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”
Sin una revisión exhaustiva o evaluación del impacto de la entrega de recursos económicos a las OSC, se canceló todo tipo de apoyo que, dicho sea de paso, representaban una parte minúscula del presupuesto de desarrollo social. Lo anterior, marcó el inició de una mala relación entre el gobierno y las OSC. No sólo fue la ausencia de apoyos económicos, el gobierno de AMLO cerró la mayoría de espacios de interacción con las OSC y canceló el diálogo y las acciones conjuntas para construir políticas públicas o programas sociales capaces de atender los problemas de la sociedad mexicana.
Existen innumerables buenas experiencias de programas apoyados con presupuesto público que tuvieron continuidad con recursos propios de las organizaciones y a través de la colaboración comunitaria. Algunos de ellos son los destinados para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en la vida pública, que contribuyeron a respaldar todas las reformas e inclusión y paridad de las mujeres a nivel político. Así también, las principales iniciativas que han acompañado y apoyado a las mujeres que han vivido algún tipo de violencia fueron primero que todo iniciativas de corte social y comunitario, antes de constituirse como política gubernamental.
Hoy nos encontramos ante una nueva oportunidad de retomar aquellas experiencias de éxito desde las organizaciones, todavía hoy en día se encuentran de pie varias que sin recursos del presupuesto federal han subsistido con el apoyo y organización comunitaria. La Presidenta ha dicho en diversas ocasiones que se requiere de un trabajo coordinado, que invitará a la mesa a los diferentes sectores y requiere la mirada “experta”. Por ello, es importante recordar que aquella expertise que se busca, no sólo se encuentra en la academia, existe conocimiento que puede ser recuperado de las OSC las cuales de manera resiliente siguen intentando aportar a los cambios radicales que este país requiere.
Estudió Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Desde su época universitaria se enfocó en el estudio de los derechos humanos y feminismos. Ha trabajado en la Administración Pública Federal y Local, promoviendo los derechos de las mujeres. En la sociedad civil ha promovido la perspectiva de género en sus proyectos. Reconoce que la realidad es compleja y que ninguna teoría basta para entenderla por completo. Cree en la necesidad de cambios radicales en la vida pública para superar la crisis actual y las futuras.
