Jessica Ramírez en IG.
Restan menos de dos meses para que Andrés Manuel López Obrador concluya su sexenio. Si cumple con lo que ha declarado, el término de su mandato será también el final de su vida pública. A partir del 1 de octubre de 2024, dejará de ser un personaje público y se dedicará a escribir en Palenque, sin intervenir en política. Este retiro marcará un cambio significativo en la política nacional: AMLO ha sido una figura central en el escenario político durante todo el siglo XXI. Son 24 años en los que la política y los medios de comunicación han girado en torno a su agenda. Su ausencia traerá consigo la aparición de nuevas fuerzas políticas, la recomposición interna de Morena y el surgimiento de nuevos liderazgos de oposición. Sin embargo, aún faltan algunos años para ver cómo será la política mexicana sin AMLO en el centro.
Durante las campañas electorales, se debatió mucho en los medios y entre los candidatos sobre el desempeño del gobierno de la 4T y, a medida que se acerca el fin del sexenio, el debate sobre si el gobierno cumplió con sus promesas y estuvo a la altura de las expectativas de sus electores se ha intensificado.
Existen innumerables elementos que podrían analizarse para sustentar cualquier conclusión. Incluso, algunas figuras mediáticas afines al panismo, como Crespo, Dresser, Aguilar Camín y Castañeda, han declarado que la verdad no importa y que en política no hay valores. Estos personajes no necesitan argumentos ni evidencias para expresar su reprobación; se basan únicamente en la autoridad que les confieren lectores y televidentes afines. Por ello, en medio de la nebulosa de descalificaciones arbitrarias y celebraciones fanáticas, propongo entender el desempeño del gobierno de AMLO asumiendo sus claroscuros.
No hay forma de omitir los avances en el terreno de lo laboral: se aumentó el salario y el poder adquisitivo de los y las trabajadoras como nunca, se impulsó la incorporación al IMSS de las trabajadoras del hogar, se impulsaron mejoras en la democracia sindical, se priorizó la vigilancia del respeto de los derechos de consumidores y consumidoras y se logró la reforma en materia de pensiones.
Estos avances son aún más sobresalientes si consideramos que Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y, especialmente, Javier Lozano, quien ocupó el mismo cargo durante el sexenio de Felipe Calderón, se dedicaron a destruir los derechos de los trabajadores. Felipe Calderón y Javier Lozano impulsaron políticas de todo tipo en contra de trabajadores de distintas industrias. Abandonaron a los trabajadores de Pasta de Conchos, destruyeron las empresas públicas Mexicana y Luz y Fuerza del Centro y no tuvieron empacho en violentar los derechos de sus trabajadoras y trabajadores. Además, Lozano estuvo involucrado en numerosos escándalos de corrupción, los más recordados son el que involucra a Zhenli Ye-Gon, la presión para el despido de Carmen Aristegui de MVS y su jugoso negocio de huachicol.
En el campo de la política laboral, el desempeño de AMLO y Luisa María Alcalde son sobresalientes y se distancian kilométricamente de los negligentes, corruptos y criminales actos de los gobiernos anteriores.
En el ámbito de la política social, que fue la piedra angular su campaña política y de toda la retórica lopezobradorista, los principales programas fueron Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez, La Escuela es Nuestra (LEEN), las pensiones para adultos mayores y Sembrando Vida. Es notorio que, a diferencia de los gobiernos anteriores, no han existido casos de corrupción conocidos. Durante el sexenio de EPN fue notorio el uso patrimonial de los recursos destinados a los programas sociales, para muestra sólo hace falta recordar la Estafa Maestra que involucró a Rosario Robles y que significó un robó de 7.6 mil millones de pesos del erario público.
Uno de los aspectos que han tenido impacto en el mejor manejo de los recursos de los programas sociales puede tener que ver con los perfiles a quienes se hizo responsables: principalmente jóvenes que formaron parte de su campaña o participaron en la ayudantía. Tal vez, dejar los programas en nuevos administradores públicos y no en políticos de carrera, haya sido uno de los mayores aciertos del gobierno de AMLO.
Estos resultados son los éxitos más importantes de la gestión de AMLO y no son mínimos. También son elementos ineludibles de cualquier análisis sobre el amplísimo margen con el que Claudia Sheinbaum Pardo arrasó en las pasadas elecciones del 2 de junio. Sin embargo, frente a estos avances, se observan sombras importantes y que serán los retos más complejos del sexenio que está por iniciar el 1 de septiembre.
El gobierno de AMLO comenzó reivindicando la lucha por el reconocimiento de los pueblos indígenas y, recién iniciado el sexenio, impulsó una consulta para lograr la reforma constitucional más ambiciosa en décadas. En los foros se prestaba la reforma como una que pretendía el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, la libre determinación, el restablecimiento de territorios usurpados, la aplicación del Convenio 169 de la OIT en materia de consulta previa, libre e informada y el reconcomiendo de una amplia lista de derechos. Al final, la reforma omitió todo aquello que fuera sustantivo y se promulgó una reforma accesoria, que sirvió sólo para auto celebrar un “compromiso cumplido”. Al final de su sexenio, las grandes promesas de AMLO derivaron en programas especiales a algunos pueblos originarios como el Yaqui. Se optó por atender lo mínimo para los grupos que simpatizan con el presidente y lo estructural se desechó. Hoy, la terrible situación de violencia que se vive en Chiapas es muestra del fracaso en la materia. El gobierno de la cuarta transformación se sumó a la lista de gobiernos que se olvidaron de los acuerdos contraídos, alguna vez, por el estado mexicano en el pueblo San Andrés Larráinzar.
Otro de los oscuros más intensos del gobierno de AMLO es lo relacionado con el reconocimiento y reparación del daño de las violaciones de derechos humanos cometidas por el estado.
Sí, mucho se avanzó en materia de memoria histórica: el gobierno de AMLO logró desclasificar información sobre la guerra sucia que el PRI cometió durante la segunda mitad del siglo XX. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 A 1990 no es sino un éxito para visibilizar las atrocidades que cometió el estado durante décadas y es un avance en términos de reparación del daño. Sin embargo, no se ha logrado que el ejército permita conocer toda la información sobre el caso Ayotzinapa. Así lo declararon Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los últimos dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que ya se ha desarticulado por el propio hermetismo de las fuerzas armadas. Aún queda tiempo para que el presidente ofrezca la verdad a los padres y madres de los 43 desparecidos de Ayotzinapa. Al momento, es la deuda más grande y dolorosa que deja.
Lo anterior forma parte de un problema mayor: la guerra contra el narco que, iniciada irresponsablemente por Felipe Calderón, ha tenido consecuencias funestas en la vida pública del país. Desde 2007, México paga las consecuencias más terribles de formar parte del mercado internacional de las drogas y de una política nacional que, en vez de mermarla, incentiva la violencia. Contra todo pronóstico, el gobierno de AMLO decidió retomar la idea del convicto y ex Secretaria de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, de la creación de una Guardia Nacional.* Y en vez de apostar por diseñar una institución que respondiera al fuero civil, el presidente eligió poner la seguridad pública bajo el mando militar, caracterizado por el hermetismo, la opacidad, y una amplísima historia de crímenes contra la sociedad mexicana. AMLO repite: “el soldado es pueblo”; pero serlo no les ha impedido asesinar, desaparecer y torturar. En su cálculo, apostó por una cómoda gobernabilidad. Tener al ejército como un aliado estratégico le favoreció en muchos sentidos. Sin embargo, esa decisión, razonable, tal vez para la lógica del gobernante, es irreconciliable con la herencia de los movimientos sociales del país, a la que dice tener derecho. La incompatibilidad de haberse dicho portador de los estandartes de la histórica izquierda militante y no haberse propuesto, al menos, que el ejército enfrentara el juicio social sobre sus delitos (irónico que haya pedido que el rey español se disculpara, mientras que, según él, el ejército no tiene nada por qué hacerlo) lo sentencia a ser uno de los grandes de la historia política-institucional del país, pero un desconocido para la historia del pueblo, la historia de los enemigos de la ignominia. No hay argumento alguno para vincular a AMLO con la historia de Lucio Cabañas, de la Liga 23 de Septiembre, de las Fuerzas de Liberación Nacional, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria o con el Movimiento de Acción Revolucionaria. Poco importa que el presidente nombre, en alguna mañanera, a integrantes de esa historia, si en los hechos defiende con garras y dientes el “impoluto” honor de los victimarios.
*La fuente es el libro ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, Presente y Futuro de la Policía en México escrito por García Luna.
Politólogo latinoamericano fascinado por las mixturas y lo atípico. La noche y sus habitantes le apasionan. Piensa y defiende a Strange House como el mejor álbum de garage rock de la historia. Ha vivido en varios rincones de la CDMX y es promotor de sus tianguis y micheladas.
