Pese a lo escandalosas que parecieran las declaraciones de Tomás Zerón, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) jamás se sale del guión. En las 18 páginas que componen el cuestionario entregado a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), insiste en mostrarse como un observador de la verdad histórica. En su relato, Tomas Zerón se dibuja como alguien que sólo obedecía instrucciones y sin atribuciones para encausar la investigación.
Con frases como “a mí no me entregaron la información, desconozco si en dichas detenciones participó más personal, a mí no se me informó, (otros) tomaron la decisión y me instruyeron”, Zerón intenta alegar que todas las violaciones e irregularidades cometidas durante la investigación del caso Ayotzinapa no son su responsabilidad.
Aunque su estrategia discursiva no resalte por novedosa, conviene examinarla por su recurrencia. Los Juicios de Núremberg contra el nazismo y el Juicio a las Juntas realizado en Argentina son ejemplo de cómo quienes han tenido en sus manos el uso de la fuerza del Estado aluden constantemente a la cadena de mando para justificar violaciones a Derechos Humanos.
Como dice Pilar Calveiro, “vale la pena detenerse un momento en el proceso de orden-obediencia, grabado a fuego en las instituciones militares (…) Hay algunos mecanismos internos que facilitan el flujo de la obediencia y diluyen la responsabilidad. La orden supone, implícitamente, un proceso previo de autorización. El hecho de que un acto esté autorizado parece justificarlo de manera automática. Al provenir de una autoridad reconocida como legítima, el subordinado actúa como si no tuviera elección. Se antepone a todo juicio moral el deber de obedecer y la sensación de que la responsabilidad ha sido asumida en otro lugar. El ejecutor se siente así libre de cuestionamiento y se limita al cumplimiento de la orden”.
Por eso son tan importantes las palabras elegidas por Zerón al ser cuestionado sobre quiénes diseñaron y redactaron la verdad histórica.
A diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la cadena de mando sigue sin reconstruirse, se diluye tras declaraciones como “el Procurador General de la República sólo adoptaba términos”.
A diez años del 26 de septiembre, conviene recordar las órdenes criminales no deben ser obedecidas, que tienen responsabilidad penal y que fue la suma de decisiones individuales lo que hizo posible el crimen de Estado.