El 12 de febrero marca una fecha crucial en la historia de los derechos políticos de las mujeres en México. En este día, en 1947, se publicó el decreto que añadía el artículo 115 a la Constitución, reconociendo el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones municipales. Este avance fue el resultado de décadas de lucha feminista que buscaba una igualdad plena en el ámbito político, un paso fundamental hacia la participación activa de las mujeres en la vida democrática del país.
No obstante, aunque esta fecha representa un hito en la historia de México, también pone de relieve una verdad incómoda: la igualdad política no ha sido una realidad completa para las mujeres en este país. La lucha por el sufragio fue solo el primer escalón de una escalera que aún no está completa. La obtención del derecho al voto en 1953 en elecciones federales y los avances graduales en la participación en cargos públicos, no fueron el cierre de la historia, sino un capítulo que, por desgracia, sigue escribiéndose.
Hoy, en el contexto de los desafíos del presente, esta efeméride cobra una relevancia renovada. En el gobierno de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los feminicidios continúan siendo una de las mayores crisis del país. A pesar de los esfuerzos por poner en marcha políticas públicas que aborden la violencia de género, las mujeres mexicanas siguen enfrentando una violencia estructural que no cesa. En este sentido, la política de representación de las mujeres en cargos de poder, aunque necesaria, no puede ser vista como un logro aislado, sino como parte de un proceso más amplio que exige transformaciones profundas en la sociedad mexicana.
Es urgente que, más allá de celebrar la obtención de derechos formales, se reconsidere el lugar real de las mujeres en la política y en la sociedad. La representación política debe ir acompañada de un cambio estructural en los sistemas de justicia, en el acceso a oportunidades económicas, en la educación y en la cultura. Es ahí donde el verdadero desafío reside: no se trata únicamente de que las mujeres ocupen escaños o posiciones de poder, sino de que esos espacios sean significativos, que contribuyan a la creación de políticas públicas verdaderamente inclusivas y eficaces para frenar la violencia y garantizar la equidad de género.
Así, mientras celebramos los avances que la historia nos ha legado, es vital recordar que el camino hacia la igualdad de género no es una línea recta ni un destino alcanzado. Es una lucha permanente, una que requiere el compromiso de las mujeres en el poder y de toda la sociedad. En este 12 de febrero debemos reflexionar sobre la urgencia de consolidar un México donde la política de representación no sea un fin, sino un medio para lograr una igualdad real, profunda y permanente.
